- La prevención de enfermedades visuales también representa un desafío de inclusión, equidad y desarrollo sostenible. Una nueva agenda nacional busca reducir las barreras que impiden acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos.
Jorge Alejandro Rivas Aguilar | Para millones de personas, algo tan cotidiano como leer un libro, reconocer el rostro de un familiar o desplazarse por la ciudad puede convertirse en un desafío cuando aparecen problemas visuales. Muchas de estas dificultades pueden corregirse o tratarse, pero acceder a una consulta especializada, obtener un diagnóstico oportuno o adquirir unos lentes sigue siendo complicado para numerosos hogares mexicanos.
Más allá de sus consecuencias médicas, la pérdida de visión puede afectar la educación, las oportunidades laborales y la autonomía personal. También profundiza desigualdades que comienzan desde la infancia y acompañan a las personas durante buena parte de su vida.
Esta realidad plantea una pregunta que merece mayor atención en las políticas de desarrollo sostenible: ¿cómo garantizar condiciones de bienestar e inclusión cuando una parte de la población enfrenta obstáculos para acceder a servicios básicos de salud visual?
Con esa preocupación como punto de partida, especialistas y representantes de organizaciones vinculadas con la atención oftalmológica participaron el 28 de octubre en el Primer Foro Nacional de la Alianza por la Salud Visual, celebrado en las instalaciones de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en la Ciudad de México.
Durante el encuentro se presentó una agenda de propuestas para el periodo 2027-2030, orientada a fortalecer la prevención, ampliar el acceso a servicios y mejorar la coordinación entre instituciones públicas, especialistas y organizaciones del sector.
Prevención como herramienta de inclusión
Hablar de sostenibilidad suele remitir al cuidado ambiental, la transición energética o el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Sin embargo, el concepto también comprende las condiciones sociales que permiten a las personas desarrollarse, participar en sus comunidades y ejercer sus derechos.
Desde esta perspectiva, la salud visual guarda una relación directa con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente los relacionados con salud y bienestar, educación de calidad y reducción de las desigualdades.
Un estudiante que no distingue con claridad lo escrito en el pizarrón puede enfrentar dificultades de aprendizaje que poco tienen que ver con sus capacidades académicas. Algo semejante ocurre con una persona adulta cuya visión comienza a deteriorarse y encuentra obstáculos para conservar su empleo o realizar actividades cotidianas.
Cuando estos problemas no reciben atención, sus consecuencias pueden extenderse hacia otros ámbitos de la vida familiar y comunitaria.
Por ello, uno de los planteamientos centrales del foro fue fortalecer los mecanismos de detección temprana, especialmente entre niñas, niños y grupos en situación de vulnerabilidad.
Escuelas y unidades de atención primaria pueden desempeñar un papel relevante en esta tarea, siempre que cuenten con personal capacitado para reconocer señales de alerta y orientar a quienes necesitan una valoración especializada.
Diagnosticar no significa resolver
Una campaña de detección puede identificar problemas visuales, pero su utilidad disminuye cuando las personas carecen de posibilidades para continuar con la atención médica.
Después de una revisión inicial pueden requerirse consultas, estudios complementarios, tratamientos o lentes correctivos. Cada etapa supone condiciones de acceso que no siempre están disponibles, particularmente en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.
De ahí que la agenda presentada por la Alianza proponga avanzar hacia una estrategia integral, capaz de conectar prevención, diagnóstico, referencia médica y seguimiento.
Este enfoque busca evitar que las intervenciones se limiten a jornadas aisladas de revisión visual, cuyos resultados pueden perderse si no existe continuidad en la atención.
También plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones de salud y educación, así como establecer mecanismos que permitan identificar a las personas que requieren servicios especializados.
La inclusión, en este terreno, depende tanto de reconocer oportunamente una necesidad como de contar con los medios para atenderla.
Recursos para cerrar brechas
Otro asunto relevante es el financiamiento. Durante el encuentro se planteó la conveniencia de identificar con mayor claridad los recursos destinados a la salud visual, conocer cómo se ejercen y evaluar los resultados obtenidos.
Contar con información presupuestaria permitiría reconocer prioridades y establecer criterios para distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades de la población.
No obstante, conviene distinguir entre las propuestas expuestas durante el foro y las decisiones que corresponden a las autoridades. Hasta ahora, la agenda representa una plataforma de diálogo y no implica que exista un presupuesto específico aprobado para su ejecución.
Convertir esos planteamientos en acciones requerirá definir responsabilidades institucionales, establecer plazos y construir mecanismos de evaluación.
La formación del personal sanitario constituye otra pieza de esta estrategia. Una mayor capacidad para reconocer problemas visuales desde los primeros niveles de atención podría facilitar la referencia de pacientes y reducir retrasos que, en determinados padecimientos, tienen consecuencias importantes.
Tecnología con sentido social
Las herramientas digitales y la telemedicina también fueron consideradas dentro de la agenda 2027-2030, particularmente por sus posibilidades para ampliar el contacto inicial con servicios de salud en regiones donde existen dificultades para acceder a especialistas.
Su incorporación, sin embargo, requiere algo más que disponer de equipos o plataformas. Resulta indispensable establecer rutas para confirmar diagnósticos, ofrecer tratamientos y mantener el seguimiento de los pacientes.
De igual forma, contar con información actualizada sobre la frecuencia de los padecimientos visuales y sus consecuencias sociales ayudaría a identificar las necesidades más urgentes.
Una política pública sostenible necesita datos confiables, recursos identificables y mecanismos que permitan evaluar si sus beneficios llegan a quienes enfrentan mayores barreras.
En este sentido, la agenda presentada por la Alianza abre una oportunidad para vincular la salud visual con una discusión más amplia sobre bienestar, derechos e igualdad de oportunidades.
El siguiente paso anunciado será establecer un diálogo con las autoridades para explorar la viabilidad de las propuestas y las condiciones necesarias para llevarlas a la práctica.
Para las personas que hoy enfrentan dificultades para estudiar, trabajar o desplazarse debido a problemas visuales, el valor de esa conversación dependerá de sus resultados. Acceder a una revisión, recibir tratamiento oportuno o contar con lentes adecuados puede representar una diferencia importante en su calidad de vida.
Hacia 2030, México tiene la oportunidad de incorporar la salud visual a una visión de desarrollo que reconozca la prevención y la atención médica como condiciones necesarias para construir una sociedad más incluyente.
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